San Juan atraviesa una crisis que ya nadie puede negar. El narcotráfico dejó de ser un fenómeno ajeno, lejano o de frontera. Hoy está en los barrios, en las calles y, lo que es más grave, en las estructuras del propio Estado. Los recientes operativos de la Policía Federal no solo destaparon redes de narcomenudeo que operan en Chimbas, Rawson o Caucete: también expusieron la complicidad, la indiferencia y, en algunos casos, la connivencia del poder político. En el departamento 25 de Mayo, la policía secuestró 140 kilos de marihuana transportados en un vehículo oficial del municipio. El chofer era empleado de planta permanente, cobrando sueldo estatal, y la camioneta pertenecía a la Municipalidad. Ese municipio fue gobernado por Juan Carlos Quiroga Moyano, actual presidente del Partido Justicialista de San Juan, quien hoy debe explicar cómo una organización narco se movía con tanta impunidad dentro de su estructura administrativa. No se trata de un caso aislado ni de un “error individual”: es el síntoma de una penetración más profunda del narcotráfico en las instituciones locales.
Mientras tanto, la política provincial juega a mirar hacia otro lado. Las fotos del llamado “narco diputado” Espert —acusado en causas vinculadas al tráfico de drogas— abrazado al gobernador Marcelo Orrego circulan en redes como una radiografía de lo que la gente percibe: la distancia entre el discurso moralizador y la realidad. Ya no alcanza con decir “no sabía” o “no tengo nada que ver”. La sociedad está cansada de que los dirigentes se saquen selfies con todo el mundo y después finjan sorpresa cuando los nombres de esos “aliados” aparecen en causas federales. A eso se suma el comentario de Sergio Vallejos, candidato a diputado, en Canal 13 de San Juan, cuando lanzó sin rodeos la pregunta que muchos se hacen: “¿Tenemos un narco intendente en San Juan?”. La respuesta todavía no llegó. Pero el silencio es elocuente. Porque en una provincia donde un empleado municipal puede mover cientos de kilos de droga en un vehículo oficial, la pregunta ya no es si hay narcos en la política, sino cuántos.
El problema no se agota en San Juan. El país entero atraviesa una crisis de seguridad que pone los pelos de punta. El caso de las tres chicas brutalmente asesinadas en Buenos Aires y la figura siniestra del narco conocido como “Pequeño J” mostraron hasta qué punto el narcotráfico se ha convertido en un poder paralelo, con redes que no solo venden droga sino que compran voluntades, corrompen funcionarios y condicionan campañas electorales. Lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires expone lo mismo que hoy vemos en San Juan: que la droga no llega sola, llega de la mano de la política, de la protección, del negocio que todos dicen combatir pero pocos se animan a cortar de raíz. Y mientras el gobierno nacional improvisa medidas y los gobiernos provinciales se escudan en la jurisdicción, el narco gana territorio, clientela y poder.
En los barrios sanjuaninos la historia se repite con crudeza. Chimbas, Rawson, Pocito o Caucete viven bajo el peso de un consumo creciente y una violencia que ya no se esconde. Hace pocos días, una joven fue asesinada a tiros en el corazón del barrio Echeverría: un crimen atravesado por la droga, la disputa territorial y la desesperanza. Es el rostro más cruel de un fenómeno que primero enferma, después domina y finalmente mata. El narcomenudeo ya no es negocio de unos pocos, es una economía paralela que recluta adolescentes, destruye familias y coloniza barrios enteros. Y todo ocurre mientras el Estado aparece tarde, o directamente no aparece.
San Juan necesita una política de seguridad real, integral, que no se limite a posar junto a la Policía después de cada operativo. Los allanamientos son importantes, pero no bastan. No hay estrategia de prevención, ni contención, ni tratamiento del consumo. No hay educación ni trabajo que compitan con la plata fácil del narco. No hay una red institucional que recupere al joven antes de que caiga, ni una política penal que castigue con dureza al que trafica desde el Estado. Porque un narco cualquiera es peligroso, pero un narco con cargo público es una afrenta a toda la sociedad.
Hoy el narco avanza mientras la política discute encuestas. Los intendentes callan, los gobernadores posan, los partidos se acusan entre sí, y en el medio la gente vive con miedo. Lo que pasa en 25 de Mayo, en los barrios de la Capital o en Buenos Aires con las tres jóvenes asesinadas, no son hechos aislados: son señales de un mismo deterioro. Un país que no controla su territorio, que no limpia sus instituciones, que no distingue entre militante y delincuente, termina siendo rehén del crimen organizado. El narcotráfico no sólo corrompe, también gobierna en las sombras. Y si la dirigencia no reacciona a tiempo, la próxima campaña electoral no será entre partidos: será entre quienes defienden la ley y quienes conviven con el delito.
