Los abogados, el poder político y la disputa por quién elige a los jueces.
Por Don Justo | Periodismo para periodistas
Hubo un tiempo en que el Foro de Abogados de San Juan era considerado uno de los últimos bastiones de oposición al poder político provincial.
Después llegaron otros tiempos. Otros gobiernos. Otros dirigentes. El Foro fue cambiando de amistades. Primero fue opositor. Después se acercó al justicialismo. Y hoy mantiene una inocultable sintonía con el gobierno de Marcelo Orrego.
Lo curioso es que cada nueva conducción parece descubrir los mismos defectos en la anterior. Y una vez que llega al poder, termina reproduciendo buena parte de aquello que tanto criticaba. La historia se repite. Solo cambian los protagonistas. O, para ser más precisos, algunos protagonistas.
El matrimonio, el Foro y la Magistratura
El pasado 20 de octubre se celebraron las elecciones para elegir representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La sanjuanina Claudia Sarmiento resultó electa integrando la lista encabezada por Alberto Biglieri. Sarmiento fue funcionaria del gobierno de Orrego, es referente del PRO y, además, esposa de José Salinas, actual presidente del Foro de Abogados de San Juan. De esta manera, mientras Salinas conduce la institución profesional, su esposa ocupará una banca en el Consejo de la Magistratura nacional.
Dos posiciones relevantes alcanzadas mediante elecciones legítimas, pero que también muestran el protagonismo institucional conseguido por un mismo espacio político; el del gobernador Orrego
Nada de esto constituye una irregularidad. Sin embargo, sería ingenuo desconocer que la política partidaria participa activamente de estas disputas, y que el oficialismo provincial ha encontrado en el Foro un espacio de articulación política que antes cuestionaba cuando sus adversarios ejercían esa influencia.
El susto los unió
El próximo 25 de noviembre los abogados sanjuaninos volverán a las urnas para elegir sus representantes ante el Consejo de la Magistratura provincial y el Jurado de Enjuiciamiento. Esta vez, después de varios años de fragmentación, la disputa presenta una fuerte tendencia a la polarización.
De un lado, el espacio que conduce actualmente el Foro, identificado con el oficialismo provincial. Del otro, una alianza de agrupaciones opositoras, entre ellas sectores vinculados al justicialismo, al abogado Marcelo Arancibia y a otras fuerzas.
La situación provocó una definición bastante particular.
Pablo Vila, candidato del oficialismo al Jurado de Enjuiciamiento, sostuvo durante el streaming Off the récord, de Tiempo de San Juan, que a sus adversarios «el susto los unió». Una frase ingeniosa, aunque reveladora.
Porque reduce un acuerdo entre profesionales a una supuesta reacción de temor frente al poder de quienes hoy conducen. Una discusión que merece atención. Porque el problema no es que los abogados tengan preferencias políticas. El problema es que esas preferencias terminen convirtiéndose en la única explicación posible para cualquier decisión profesional.
Los mismos de siempre, pero mezclados de otra manera
En el armado de las distintas listas vuelven a aparecer nombres y sectores conocidos.
Los abogados justicialistas, dirigentes vinculados a Hacemos por San Juan, Marcelo Arancibia, la agrupación Abogacía Transformadora de Marcelo Álvarez y los operadores del oficialismo provincial y, más tímidamente, sectores de La Libertad Avanza.
Algunos fueron aliados en el pasado. Otros se enfrentaron durante años. Y varios vuelven a encontrarse, ahora por razones diferentes. Nada demasiado novedoso.
La política suele presentar como acontecimientos extraordinarios acuerdos que, dentro de una profesión relativamente pequeña, tienen explicaciones bastante más sencillas.
Porque no todo se reduce a Orrego contra el peronismo.
Cuando tomar un café se convierte en una traición
Hay una costumbre que se ha instalado en la política sanjuanina y que merece una reflexión. Hoy prácticamente cualquier acuerdo, conversación o acercamiento entre abogados se interpreta bajo la lógica de la política partidaria. A veces con razón. Otras, por conveniencia o por encargo, de quienes necesitan presentar cada movimiento como una conspiración, una negociación política o una traición.
Pero la historia del Foro también está construida sobre relaciones personales y profesionales que poco tienen que ver con los partidos. Durante décadas, muchas listas y alianzas surgieron de la confianza entre colegas, del ejercicio compartido de la profesión, de años de litigios o simplemente de amistades construidas en los pasillos de Tribunales. Y esa tradición todavía sobrevive.
No es extraño encontrar abogados que se enfrentan electoralmente, representan intereses contrapuestos o mantienen diferencias políticas profundas, compartiendo una mesa de café y una larga tertulia profesional. Una buena práctica que parece encontrarse en peligro de extinción.
La política partidaria tiene una particular habilidad para transformar las competencias en peleas, las rivalidades en enemistades y las diferencias en sospechas. Bajo esa mirada, sentarse con un adversario puede interpretarse como un acuerdo secreto. Compartir un café, como una negociación. Y mantener una amistad con alguien de otra agrupación, casi como una traición. Hasta ese punto se ha llegado.
El verdadero premio: elegir a los jueces
Pero detrás de las alianzas, los cafés y las declaraciones de campaña aparece una cuestión bastante más importante. Lo que se disputa en noviembre no es solamente la representación de los abogados. Se disputa también la participación en los organismos que intervienen en la selección y el control de quienes administran justicia.
El Consejo de la Magistratura provincial elabora las ternas de candidatos para cubrir cargos judiciales. Luego, la Cámara de Diputados elige entre los postulantes, y allí aparece una cuestión central. El gobierno de Orrego cuenta con una mayoría legislativa que le ha permitido impulsar designaciones judiciales. Si además los representantes de los abogados elegidos para el Consejo responden políticamente al mismo espacio, podría consolidarse una influencia decisiva del oficialismo en distintas etapas del proceso de selección.
No significa que el gobernador pueda designar jueces por sí solo. El Consejo tiene una integración plural y existen procedimientos constitucionales que deben respetarse. Pero tampoco puede ignorarse que controlar o influir sobre la conformación de las ternas y contar con los votos legislativos para elegir entre ellas constituye una combinación de poder considerable, y aquí la discusión deja de ser una simple elección profesional.
Porque una cosa es ganar una elección del Foro y otra muy distinta es concentrar influencia sobre los mecanismos que determinan quiénes serán los próximos jueces y fiscales de San Juan.
El apellido Achem y las preguntas inevitables
Un ejemplo reciente permite comprender la importancia del sistema. El 24 de septiembre, la Cámara de Diputados designó fiscal de Cámara a Ignacio Antonio Achem, quien obtuvo 22 votos favorables y 6 negativos. El nuevo magistrado es hermano de Emilio Achem, secretario general de la Gobernación y uno de los funcionarios cercanos a Marcelo Orrego.
Ignacio Achem tenía antecedentes profesionales y ya se desempeñaba en el Ministerio Público Fiscal. Su parentesco no constituye una incompatibilidad ni demuestra que su nombramiento haya sido irregular. Pero la designación vuelve a poner sobre la mesa preguntas que deberían formularse con independencia del gobierno de turno.
¿Son suficientemente transparentes los criterios con los que se conforman las ternas y se elige a los magistrados?, ¿Se conocen las razones por las que un candidato es preferido sobre los demás?, ¿Se evalúan los antecedentes, la experiencia, la capacidad técnica y la idoneidad mediante mecanismos objetivos y verificables?
Estas preguntas eran válidas cuando gobernaba el peronismo, y siguen siendo válidas ahora. De hecho, entre las propuestas que algunos sectores opositores han planteado para el Consejo provincial figuran los exámenes escritos, los puntajes por antecedentes, las entrevistas públicas y la fundamentación de los votos. Son cuestiones concretas que merecen debatirse más allá de quién las proponga. Porque la independencia judicial no depende solamente de la honestidad personal de quienes integran los organismos. También depende de reglas capaces de limitar la discrecionalidad de todos.
La curiosa transformación del oficialismo
Durante años, quienes hoy conducen el Foro cuestionaron la influencia que el peronismo ejercía sobre las instituciones profesionales y judiciales. Denunciaban la politización, los acuerdos entre dirigentes y la utilización de estructuras institucionales para construir poder. Eran críticas que merecían ser escuchadas.
Pero ahora que gobierna Orrego, la cercanía entre dirigentes políticos y profesionales parece generar menos reparos dentro del mismo espacio. Los vínculos con el Ejecutivo se presentan como una oportunidad de gestión y la capacidad de reunir apoyos partidarios como una fortaleza institucional. Sus defensores sostienen que esas relaciones no afectan la independencia de quienes resultan electos. Sus críticos observan una continuidad con las prácticas que antes se cuestionaban. Lo importante es aplicar el mismo criterio a todos, porque una práctica no se vuelve correcta simplemente porque cambió quien la realiza. Si antes preocupaba la influencia del poder político sobre la Justicia, debería preocupar también ahora, cualquiera sea el partido gobernante.
¿Y los abogados que trabajan?
Mientras las agrupaciones celebran acuerdos, candidaturas y triunfos electorales, hay una realidad bastante menos fotografiada. La de los abogados que trabajan todos los días.
Los profesionales independientes siguen enfrentando dificultades para cobrar honorarios, demoras judiciales, costos crecientes y problemas de rentabilidad. Pero quizás uno de los malestares más silenciosos se encuentre dentro de la propia administración pública provincial. Allí numerosos profesionales del derecho cuestionan remuneraciones que consideran insuficientes frente a sus años de formación, sus responsabilidades y las tareas que desempeñan.
Existen situaciones en las que abogados perciben salarios similares a los de agentes administrativos o personal de servicios generales. No se trata de desmerecer ninguna función pública. Todos los trabajos merecen una remuneración digna. Se trata de discutir si el Estado reconoce adecuadamente la formación y la responsabilidad jurídica de sus profesionales. Fuera del Poder Judicial, las diferencias remunerativas también merecen una revisión seria. Y frente a este escenario aparece una pregunta incómoda para quienes conducen el Foro y para quienes aspiran a reemplazarlos; ¿Qué gestiones concretas realizaron para mejorar las condiciones del ejercicio profesional?, ¿Qué resultados obtuvieron?, ¿Qué propuestas tienen para los abogados independientes y los profesionales que trabajan en el Estado?
Porque la cercanía con el poder político debería servir, al menos, para abrir discusiones institucionales que mejoren la situación de los matriculados; y no solo para reclutar tropa, como ocurrió la semana pasada con los abogados que trabajan para el Estado que fueron convocados telefónicamente, de manera personal, a una reunión en la sede de Producción y Trabajo, el partido del gobernador Marcelo Orrego.
El propósito, habría sido organizar su participación en las elecciones del Consejo de la Magistratura, promover el acompañamiento a los candidatos del oficialismo y movilizar a los profesionales para la votación.
Resulta especialmente paradójico que quienes cuestionaban la influencia del peronismo sobre las instituciones profesionales recurran ahora a mecanismos que merecen exactamente el mismo reproche. Y hay una particularidad con los abogados que no son precisamente empleados a quienes pueda indicárseles qué pensar o a quién votar. Muchos de ellos habituados a defender la independencia y las garantías de terceros, pretender disciplinarlos políticamente puede producir precisamente el efecto contrario. Quizás el «susto» del que hablaba Pablo Vila también sirva para revelar semejante esfuerzo de movilización desde el propio oficialismo. Porque una cosa es convocar voluntariamente a colegas para apoyar una lista y otra muy distinta es que un profesional pueda sentir que su situación laboral está vinculada con su participación política.
La oposición tampoco puede hacerse la distraída
Del otro lado tampoco aparece una renovación completa de dirigentes ni de prácticas.
Están agrupaciones que ya condujeron el Foro, profesionales que participaron de anteriores acuerdos políticos y sectores que hoy encuentran motivos para competir juntos pese a sus diferencias. También ellos deberán explicar qué proponen cambiar. Porque no alcanza con cuestionar la politización de las instituciones si el único objetivo termina siendo reemplazar a quienes actualmente ocupan los cargos.
La discusión debería ser sobre las reglas de selección de magistrados, la independencia de los representantes, la transparencia de los concursos y las condiciones de ejercicio profesional. No simplemente sobre quién tiene más influencia.
El problema no es la camiseta
El 25 de noviembre habrá ganadores y perdedores.
Seguramente todos hablarán de independencia, transparencia, institucionalidad y defensa de la abogacía. Palabras que nunca faltan en una campaña.
Lo interesante será comprobar si, después de la elección, alguien se acuerda de cumplirlas. Porque el Foro ya fue opositor, cercano al peronismo y ahora cercano al orreguismo. Los dirigentes cambiaron de aliados. Las agrupaciones cambiaron de nombres. Y las mayorías cambiaron de dueño. Pero los problemas cotidianos de los abogados siguen esperando respuestas. Y la Justicia provincial necesita mecanismos de selección capaces de ofrecer garantías más allá de la identidad política de quienes gobiernan.
Quizás haya llegado el momento de recordar que el Foro no pertenece a ningún gobernador, a ningún partido y tampoco a ninguna agrupación. Pertenece a sus matriculados, y que los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento no están allí para representar al gobernador ni a sus adversarios. Están allí para cumplir una función institucional.
Porque una cosa es cambiar de camiseta y otra muy distinta es cambiar de costumbres. Y sería una verdadera lástima que, después de tantos años de compartir tribunales, expedientes y cafés, la política terminara consiguiendo algo que ni los pleitos más difíciles habían logrado, que dos abogados necesiten dar explicaciones por sentarse juntos a tomar un café.
