Un gran grupo de padres y egresados de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo se autoconvocaron para manifestarse frente al Centro Cívico de San Juan, en rechazo a una polémica medida institucional.
Los afectados, que suman alrededor de 600 jóvenes graduados entre 2022 y 2023, denuncian que se les exige realizar un «curso de actualización» de cuatro meses para ser incorporados a la fuerza policial.
Los manifestantes, que se concentraron este viernes 19 de septiembre por la mañana, buscan ser recibidos por el secretario de Seguridad para presentar su moción, ya que anteriormente otros padres no habrían sido atendidos en la Casa de Gobierno.
La controversia surgió a partir de una disposición de la Secretaría de Seguridad que obliga a los diplomados, que se encontraban en la lista de espera para el nombramiento, a someterse a este nuevo proceso.
Los padres de los 600 chicos afectados, quienes llevan esperando su nombramiento entre dos años y medio, tres años y hasta cuatro años, piden que, si no van a ser nombrados, se les debió avisar desde un principio para que pudieran estudiar otra carrera. También denunciaron que se ejercieron presiones para que firmen actas de confidencialidad con el fin de evitar que la situación se haga pública.
En su reclamo, los padres cuestionaron el criterio de aplicación, señalando que hay jóvenes nombrados que se recibieron en 2018, 2021 y 2022 que ya están trabajando en la fuerza.
Desde la voz oficial de la institución, representada por la comisario mayor Patricia Herrera, a cargo de la Escuela de Formación Policial, se sostiene que el curso no responde a una descalificación de la formación previa, sino a la necesidad «imperiosa» de actualizar conocimientos tras un prolongado período de espera.
