El empleado de un multimedio que fue sentenciado el martes a 10 años de prisión efectiva, por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra la hija de su expareja, se quitó la vida estando tras las rejas. Es que luego de escuchar el veredicto, el tribunal dispuso su prisión preventiva y fue trasladado a la Comisaría 13va., donde ocurrió el trágico desenlace.
Según informaron fuentes del caso, el hombre identificado por sus iniciales J.O.A. tomó la decisión mientras permanecía alojado en los calabozos de la comisaría de Rivadavia, adonde había sido trasladado luego de recibir la sentencia. Personal de la UFI de Delitos Especiales trabaja para conocer cuáles fueron las circunstancias.
El fiscal Francisco Nicolía, en persona, realizó la inspección y dirigió todo el operativo en el interior de la Comisaría 13va de Rivadavia para recoger información con el fin de determinar qué pasó y qué responsabilidad le cabe a los policías de la guardia, en especial a los responsables de los calabozos. Y es que era su responsabilidad la seguridad y la custodia de los detenidos.
La muerte se produjo después de que el tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Rodríguez, Guillermo Adárvez y Javier Figuerola lo encontrara culpable de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra la hija de quien fuera su pareja. La condena fue de cumplimiento efectivo y, como el acusado había llegado en libertad al debate oral, los magistrados ordenaron que permaneciera detenido preventivamente hasta que el fallo quedara firme.
En principio, el destino del condenado era el Servicio Penitenciario Provincial, pero transitoriamente había sido alojado en la dependencia policial de Rivadavia. Allí ocurrió el hecho que terminó con su vida.
La sentencia había llegado después de más de una semana de debate oral. Durante los alegatos, el fiscal Duilio Ejarque, acompañado por la ayudante fiscal Luciana Fasoli, había solicitado 12 años de prisión. Sin embargo, los jueces descartaron los agravantes de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, por lo que fijaron la pena en 10 años. La defensa, representada por Rodrigo Aguirre e Ivana Salas, había solicitado la absolución.
La investigación había estado a cargo de la UFI ANIVI y los hechos denunciados se remontaban a 2024, cuando la víctima tenía 12 años. Según la acusación fiscal, los abusos ocurrieron en domicilios de Rivadavia y Chimbas y se habrían extendido hasta agosto de 2025, cuando la madre de la adolescente presentó la denuncia.
El caso había atravesado distintas instancias judiciales y el acusado incluso había recuperado la libertad luego de una impugnación presentada por su defensa. Finalmente, fue juzgado, declarado culpable y condenado a una pena de 10 años de prisión efectiva.
