El avance de la investigación sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha puesto en el centro de la escena a exfuncionarios y empresarios acusados de desviar más de 48.000 millones de pesos del erario público mediante un esquema de direccionamiento de compras y sobornos. El fiscal Franco Picardi impulsó una serie de indagatorias que comienzan este martes, con la citación de Miguel Ángel Calvete, un proveedor clave vinculado a múltiples droguerías y empresas de insumos médicos, quien deberá comparecer ante el juez Sebastián Casanello. Mañana será el turno del ex titular de esa entidad, Diego Spagnuolo.
La causa, que ya involucra a quince imputados, expone una estructura que, según la fiscalía, operó durante casi dos años para manipular la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo, generando sobreprecios y restringiendo la competencia.
El dictamen de Picardi, conocido el viernes pasado, describe la existencia de una “organización delictiva, con direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios”, que habría funcionado desde el interior de la ANDIS. En este entramado, Calvete mantenía contacto directo con Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, a quienes consultaba sobre pagos irregulares que debían gestionarse desde la agencia. La Justicia sospecha que, aunque no ocupaba un cargo formal, ejercía influencia a través de operadores internos, lo que le habría permitido obtener adjudicaciones millonarias y coordinar pagos para otras firmas del sector farmacéutico.
El proceso judicial también ha derivado en la detención de Pablo Atchabahian, empresario y exfuncionario, quien cumple arresto domiciliario en un country de Las Heras, Mendoza, tras haber eludido a la justicia durante varias semanas. El juez Casanello fundamentó la medida al considerar que Atchabahian tenía conocimiento de la investigación y contaba con recursos para sustraerse de la acción judicial. “El juez Casanello fundamentó la medida al considerar que Atchabahian tenía conocimiento de la investigación y contaba con recursos para sustraerse de la acción judicial.” Los abogados defensores solicitaron sin éxito el levantamiento de la prisión domiciliaria, argumentando que su cliente nunca había sido citado formalmente.
