Hoy, viernes 4 de julio de 2025, se conoció la sentencia en el juicio por la megacausa de expropiaciones, el proceso judicial más complejo y extenso de los últimos tiempos en San Juan, que involucra a exfuncionarios, jueces, fiscales, peritos y abogados acusados de defraudar al Estado mediante el pago de sobreprecios en terrenos expropiados.
La audiencia se desarrolló en el Concejo Deliberante de Capital, y concluyó con la lectura de las condenas por parte del tribunal. Entre los principales implicados, el abogado Santiago Graffigna recibió una pena de siete años y ocho meses de prisión efectiva, de los cuales ya cumplió tres años en detención preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La condena fue por resultar autor material de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en ocho hechos en concurso real y tentativa de fraude en seis hechos y conjugado bajo las reglas del concurso ideal de la asociación ilícita en carácter de jefe organizador.
También se conocieron las siguientes condenas:
- Horacio Alday, abogado: seis años de prisión por resultar coautor responsable del delito de fraude en siete hechos y tentativa de fraude.
- Carlos Macchi, exjuez: 6 años y 2 meses de prisión. Cabe recordar que Macchi ya había sido separado de su cargo mediante un jury de enjuiciamiento.
- Ana María Melvin, perito oficial: 4 años de prisión. Melvin logró jubilarse antes del inicio del juicio.
- Mario Díaz, exfiscal de Estado: 6 años de prisión efectiva
- Néstor Adán Ruiz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva
- Víctor Hugo Bustos: 3 años y 6 meses de prisión efectiva
- José Moreno: 3 años prisión efectiva
- Juan Pablo Quiroga: 3 años de prisión efectiva
- Fernando Videla: Junta médica para enfrentar un juicio oral
- Julio César Fernández: absuelto
- Adolfo Cravero: absuelto
- Eduardo Olivera: absuelto
El escándalo judicial comenzó a gestarse en el año 2010, a partir de investigaciones que detectaron irregularidades en los montos pagados por terrenos expropiados en zonas clave como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y el Canal Benavídez. Se determinó que hubo una manipulación sistemática de tasaciones para inflar los valores y beneficiar a privados en detrimento del erario público.
El monto total del fraude aún está siendo evaluado, aunque las estimaciones extraoficiales apuntan a cifras millonarias. Por eso, una de las principales incógnitas tras el veredicto es si los condenados deberán devolver el dinero sustraído al Estado. El tribunal aún debe expedirse sobre ese punto crucial.
