En medio de la intensa polémica interprovincial, este viernes los legisladores de La Rioja aprobaron el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que busca quedarse con parte del territorio de San Juan, incluida la zona que ocupa el Parque Provincial Ischigualasto. La medida fue aprobada incluso después de que el propio gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, emitiera un duro comunicado a través de las redes sociales en el que aseguró: «No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro».
Cabe recordar que la pulseada se remonta a 1968, cuando durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía se sancionó la ley 18.004, que fijó los límites interprovinciales de las dos jurisdicciones. Medida que fue refrendada por el Congreso Nacional, posteriormente, en democracia. Esa normativa determinó que territorios como el cerro El Potro -donde hoy se desarrolla el proyecto Josemaría, parte del complejo Vicuña- y el Valle de la Luna pasaran a formar parte de San Juan.
Recién en abril pasado, la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida que ordenó la paralización de las actividades del emprendimiento Vicuña por 30 días y prohibió el uso de rutas y caminos en territorio riojano. La medida fue celebrada por Quintela como un espaldarazo a su posición. Sin embargo, después, Quintela se reunió con las autoridades del emprendimiento minero Vicuña, llegaron a un acuerdo y la ruta fue reabierta, algo que se mantiene actualmente.
En un nuevo capítulo y, cuando parecía que las aguas se habían calmado, sorprendió la medida de Quintela de enviar el proyecto a la Legislatura de La Rioja, que terminó aprobando la iniciativa que «reafirma los derechos de la provincia de La Rioja sobre los territorios existentes bajo sus dominios» y faculta a la provincia a avanzar con distintas acciones. La iniciativa, contó con apoyo mayoritario de los bloques, a excepción de La Libertad Avanza (LLA), que se abstuvo.
Desde el cuerpo legislativo indicaron que el texto «busca reafirmar los derechos de La Rioja sobre los territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción y fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender la soberanía provincial en el conflicto limítrofe con San Juan».
La ley, además, faculta al Poder Ejecutivo riojano para que, a través de los organismos competentes, «inicien de forma inmediata las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación con el objeto de reclamar, reivindicar y consolidar de manera definitiva el dominio territorial de La Rioja en la zona limítrofe con la Provincia de San Juan».
La ley, además, faculta al Poder Ejecutivo riojano para que, a través de los organismos competentes, «inicien de forma inmediata las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación con el objeto de reclamar, reivindicar y consolidar de manera definitiva el dominio territorial de La Rioja en la zona limítrofe con la Provincia de San Juan».
También instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar las acciones judiciales que correspondan y solicitar ante los tribunales competentes las medidas cautelares, de no innovar o de tutela anticipada «que resulten urgentes para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, mineros y arqueológicos ubicados en la zona en disputa, impidiendo cualquier acto de disposición, explotación o avance jurisdiccional unilateral por parte de la Provincia de San Juan o de terceros concesionarios hasta tanto se resuelva el conflicto de fondo».
