Nuevamente una decisión surgida del Ejecutivo nacional vuelve a despertar las alarmas en algunos sectores. Si bien aun no se trata, todo indicaría que este año se debatirá en el Congreso la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, una norma vigente desde el 2021. Desde San Juan, nutricionistas se han expresado en contra de la iniciativa nacional y se suman a las más de 300 organizaciones y entidades que rechazan la idea de La Libertad Avanza.
Una de las profesionales que destacó la importancia de la ley es la nutricionista Yanina Rodríguez, quien es presidente de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y secretaria de la Asociación Sanjuanina de Nutrición. En declaraciones radiales la licenciada aseguró que el rechazo se funda en entender que haber logrado la ley hace cinco años atrás representó un avance en el derecho de la población de conocer el contenido real que presentan los alimentos, sobre todo los ultraprocesados.
“No todos los alimentos tienen sello, solo los productos ultraprocesados que tienen exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías relacionadas a nutrientes críticos que si los consumimos en exceso generan enfermedad”, destacó la profesional.
En ese sentido explicó que desde que comenzó a circular la intención del Gobierno nacional de derogar la norma comenzaron a darse conversaciones entre organizaciones de la sociedad civil, espacios vinculados defensa de los consumidores como instituciones de profesionales a favor del derecho a la alimentación y a la salud pública, y en ese contexto unas 300 entidades se unieron en la firma de un rechazo a la derogación de la norma.
“Estamos trabajando todos unidos en esto y verdadera consideramos que esta es una ley de derecho a la salud pública y a la alimentación”, enfatizó Rodríguez.
La licenciada Rodríguez destacó que se realizó un estudio para conocer cómo el sanjuanino percibía el etiquetado frontal, qué sabía al respecto y cómo los octógonos negros influían en la elección y consumo de los alimentos.
En ese sentido, de un muestreo de 150 personas se conoció que el 50% de los encuestados entendía el etiquetado frontal y sabía que significaba cada octógono que figuran en los paquetes. Sin embargo, solo el 30% aseguró que logró modificar la ingesta basándose en la calidad de los alimentos, eligiendo de manera consciente productos que tuvieran menos sellos.
La profesional analizó el factor económico detrás de estos números, ya que si bien gran parte de los encuestados señalaron que conocen los riesgos de consumir alimentos no procesados, como la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles (como obesidad), no todos tienen la posibilidad económica de adquirir alimentos más sanos. Sobre esto dijo: “Tenemos una realidad y es que el nivel socioeconómico de alguna manera de alguna manera no nos está permitiendo poder acceder a alimentos más naturales”.
Y continuó: “mi mayor preocupación tiene que ver con la alimentación que reciben los chicos en las escuelas. Entendemos que nuestros niños que asisten a en general a las escuelas públicas y a las escuelas privadas también pasan mucho tiempo en las instituciones y gran parte de las comidas las reciben ahí. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en poder mejorar la calidad de los alimentos que se brindan para asegurar una infancia más saludable”.
Hasta el momento lo que se conoce en torno a la intención del Ejecutivo es que el proyecto se encuentra en el Senado para su tratamiento. En los fundamentos el Ejecutivo sentencia que la norma tiene «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que «justifican la revisión integra». Sin embargo, no propone cambios sino directamente la eliminación completa.
«El esquema vigente puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley en materia de información clara, adecuada y útil para la adopción de decisiones alimentarias saludables», apunta.
Mientras tanto, la oposición salió al cruce considerando que el proyecto responde a una postura «ideológica y de mercado», de acuerdo señalan algunos portales de Buenos Aires. A su vez, plantean que el Ejecutivo no citó ningún informe con datos precisos sobre cuáles fueron las consecuencias de su implementación para las empresas y el consumo, lo que seguramente será un punto de debate tanto en comisiones como en el recinto en el caso de conseguir dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
