El Poder Ejecutivo nacional ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley que modifica en forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 -que el propio gobierno incumple pese a fallos judiciales- bajo el nombre «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». Organizaciones de discapacidad lo califican como la mayor arremetida contra la universalidad del sistema desde que asumió Javier Milei, en un escenario agravado por la causa judicial que investiga presuntas coimas en la ya disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con menciones explícitas a Karina Milei.
La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio -y eventual baja- para quienes no completen el trámite en los plazos estipulados.
Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.
Uno de los puntos más controvertidos es la «incompatibilidad absoluta» que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
La reacción de las organizaciones del sector fue inmediata, y manifestaron su rechazo al nuevo proyecto de ley.
La paradoja política del proyecto no pasa inadvertida para nadie en el sector. El gobierno que ahora erige la bandera de la transparencia en pensiones por invalidez es el mismo que enfrenta una causa judicial de alto impacto por presuntas coimas al interior del organismo que administraba esas mismas prestaciones.
En agosto de 2025 el presidente Milei desplazó al director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios en los que se mencionaban presuntos pedidos de coimas y se aludía a Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem. El expediente, que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello, se originó a partir de esas grabaciones en las que Spagnuolo describía un sistema de retornos en la compra de medicamentos.
El fiscal Franco Picardi, en un dictamen de 276 páginas, sostuvo que en la ANDIS funcionó «una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad». Según los audios atribuidos a Spagnuolo, el 3% de las operaciones con droguerías iba destinado a Karina Milei.
Trabajadores del organismo señalaron que las bajas de pensiones ya superaban las 111.000 al momento de estallar el escándalo, y que el propio Spagnuolo había anticipado que esperaban llegar a 400.000 bajas para fin de año. Tras la disolución de la ANDIS, sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud.
