Este jueves, en el Sistema Acusatorio, se desarrolló una audiencia clave en la causa por la amenaza de bomba que el 27 de octubre movilizó a personal policial y de emergencias en el Hospital Guillermo Rawson. Sin embargo, la audiencia de formalización contra una de las detenidas no avanzó.
La defensora oficial Ivana Nielson presentó certificados médicos y otra documentación para acreditar que la joven no estaría en pleno uso de sus facultades, motivo por el cual solicitó una evaluación exhaustiva antes de que se continuara con el proceso.
El fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, no se opuso al planteo, aunque reveló al juez Matías Parrón que el profesional del Ministerio Público Fiscal que la examinó anteriormente había concluido que la mujer sí comprendía la criminalidad del hecho. No obstante, coincidió en la necesidad de que sea revisada por una junta médica convocada por la Oficina de Medidas Alternativas. El resultado de ese estudio definirá si la formalización se concreta o no.
Los representantes de la querella —abogados de Fiscalía de Estado— se opusieron al planteo y sostuvieron que la mujer poseía capacidad para entender lo ocurrido. Aun así, el juez Parrón resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y de la defensa, ordenando la evaluación médica.
Desde la UFI Genérica aclararon que, si bien la joven es la titular del teléfono desde el cual se realizó la intimidación, quien habría efectuado la llamada sería su pareja, quien no estuvo presente en la audiencia de este jueves.
