La más reciente amenaza de bomba en medio de una ola de falsas alertas, puso en vilo a las autoridades del Servicio Penitenciario de San Juan, específicamente en el Penal de Chimbas. El incidente, ocurrido el viernes por la noche, desató una investigación a cargo del fiscal de la UFI Genérica, Francisco Pizarro, quien dio detalles sobre el operativo y el avance de las pesquisas.
A diferencia de los protocolos habituales en edificios públicos, donde se procede al desalojo, la naturaleza de una cárcel impuso un procedimiento distinto. El fiscal explicó este lunes que en el predio chimbero «se realizó una requisa». Este operativo demandó la participación de personal de Bomberos, de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Un aspecto clave en la seguridad del penal de Chimbas es su infraestructura. El funcionario destacó que el Penal de Chimbas tiene escáner para el ingreso a los sectores, lo que hace «muy difícil que vaya ingresar un artefacto pasando varios escáneres». Esto permite un «trabajo de descarte también de presos y depende dónde puede estar el explosivo».
Pizarro enfatizó que existe «un protocolo de actuación» para estos casos y que «se realiza por descarte». Sin embargo, no pudo dar mayores detalles, debido a que son «tareas investigativas y tampoco alarmar a a la gente que cómo es el trabajo y cómo se desarrollan las cosas». La decisión de si evacuar o no «se analiza en cada caso en particular y ahí es donde se evalúa si se actúa con un protocolo de evacuación o no directamente», afirmó.
Según la información recabada, la amenaza describía la presencia de «un artefacto explosivo» y aparentemente mencionaba «un portón blanco». El SPP cuenta con «personal capacitado para presencia de explosivos», aunque las unidades especializadas con el material para proceder en caso de hallazgos son externas.
